
La historia argentina quedó marcada por la Dictadura Militar de 1976-1983 como el periodo más trágico, brutal y antihumano. En esta nueva etapa se le dio la espalda a la democracia y se violaron los derechos propios del hombre, mediante la forma más repudiada: la violencia.
Durante este tiempo, el Terrorismo de Estado fue la característica principal. La represión, los secuestros, las torturas y la matanza empezaron a ser prácticas comunes y partes esenciales de lo que las Fuerzas Armadas denominaron ‘Proceso de Reorganización Nacional’.
Ante los ataques de los grupos urbanos armados, como el ERP y los Montoneros, que venían implementando su accionar subversivo desde el principio de la década del 70, el gobierno de facto respondió a partir de la eliminación de la oposición política y de todos aquellos que reclamaban lo que les correspondía o pensaban diferente, y logró de esta manera, que apareciera una nueva figura: el Desaparecido.
El 24 de marzo de 1976 marcó el principio de una nueva Dictadura, que durante siete años se mantuvo en el poder. Muchos historiadores coinciden que este golpe fue el más anunciado y hasta esperado por muchos argentinos, que consideraban que el mismo sería la solución de muchos males que asechaban al país luego de la muerte del histórico presidente Juan Domingo Perón, ya que la Nación había quedado en manos de su segunda esposa, María Estela Martínez, más conocida como Isabelita, quien era asesorada y manejada por una persona que no actuó nunca a favor del país, López Rega –líder de la Triple A-
La situación económica era desastrosa: inflación hasta el 474 por ciento, disminución del poder adquisitivo de la gente, desocupación y planes como el Rodrigazo. Esta situación poco ayudo y por el contrario aumentó el descontento social. Las huelgas, paros y marchas se hicieron cada vez mayores y los militares no dejaron pasar las oportunidades, y avanzaron cada vez más sobre las instituciones. Hasta lograron que la misma Isabelita les otorgara el poder necesario para luchar contra la subversión en 1975, primero en Tucumán y luego en todo el país.
El teniente General Jorge Rafael Videla, titular del ejército, fue clave en el Golpe, y contó con el apoyo de sectores civiles, organizaciones financieras y parte de Latinoamerica que estaba plagada de gobiernos dictatoriales. La madrugada del 24 de marzo, la presidenta fue detenida en la llamada Operación Bolsa en el aeroparque Jorge Newbery, y desde ese día la Junta Militar usurpó la Casa Rosada con violaciones al ordenamiento jurídico vigente.
Así se inició un nuevo periodo encabezado por Videla, quien fue sucedido en 1981 por Roberto Viola hasta finales de ese mismo año cuando lo reemplazó Leopoldo Galtieri, responsable de la derrota militar en Malvinas. Además, participaron también los marinos Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya, los integrantes de la Armada y de la Fuerza Aérea Orlando Agosti, Omar Domingo Rubens Graffigna y Basilio Lami Dozo. Todos ellos, y otros cuantos, capitanean la lista de acusados e implicados en la desaparición de personas y el uso desmedido del terror.
El Proceso produjo una cacería en la que cayeron guerrilleros, personas que accionaban políticamente, familiares, religiosos, mujeres embarazadas, periodistas, intelectuales, personalidades del arte, amigos, vecinos y hasta personas que nada tenían que ver o se encontraban en el lugar equivocado. Las Fuerzas Armadas pusieron bajo su mando a todo el personal posible para llevar a cabo tareas de represión ilegal hacia los denominados marxistas-leninistas, apátridas, materialistas y ateos. La metodología utilizada para llevar adelante estos actos fue secuenciada por los pasos de Secuestro-Desaparición-Tortura.
La Dictadura Militar dejó más de 30000 personas que no aparecen, otro tanto con secuelas imborrables, nietos que son buscados por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo -98 ya han sido recuperados-, y una huella en la sociedad. A fines de abril de 1983 la Junta Militar presentó el ‘Documento Final’, en el que se explicaban las razones de lo sucedido. En él justificaban lo ocurrido con los decretos firmados en 1975, donde se daban riendas sueltas a la lucha anti-subversiva, en el mismo se niega la palabra ‘desaparecido’ y acusan que muchos que figuran bajo ese término se encuentran en el exterior escondidos con otros nombres y realizando actos terroristas, y finalmente, por supuesto reniegan de la existencia de los Centros Clandestinos, donde llevaban adelante los delitos.
Desaparecidos, muertos, hijos, nietos que aún no regresaron a su verdadero hogar, las Abuelas y Madres, la ya conocida marcha de los jueves en Plaza de Mayo como símbolo de lucha por los Derechos Humanos, la espera constante de las familias y los juicios a los criminales son los regalos que dejó esta última Dictadura Militar, que decidió juzgar a la gente por las armas y no por la Ley.
Soledad Grillo